La Suprema Corte de Justicia de la Nación está a un paso de avalar
que los 31 estados del país reconozcan la validez de los matrimonios
entre personas del mismo sexo que se celebren en el Distrito Federal.
Dichas entidades federativas no estarán obligadas a cambiar su
legislación, pero sí a reconocer oficialmente el estado civil de los
homosexuales que se casen en la capital del país.
Siete de nueve ministros se pronunciaron a favor de este
reconocimiento, pese a la oposición del presidente de la Corte,
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien trató de convencerlos, junto con
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, con el argumento de que esta
situación romperá la armonía del sistema federal.
“…lo que está denunciando el procurador (general) de la República es
que esta reforma rompe con la armonía del sistema federal; en ese
sentido, yo estimo fundado el argumento. Ahora bien, siendo fundado el
argumento, ¿hay vicio de inconstitucionalidad?
“Pues desde mi punto de vista sí, no encuentro razonalidad
suficiente como para introducir de parte de uno de treinta y tres
componentes, una modificación de tal magnitud que vincule al resto de
los componentes de la Federación, por eso mi voto en este punto será
también contra el proyecto”, señaló Mayagoitia.
El presidente de la Corte mencionó que el Registro Civil no es una
institución de libre configuración, es algo en lo que todos los estados
tienen que estar de acuerdo, para decidir qué actos se van a llevar.
“Todos los estados a partir de la vigencia del nuevo texto del
artículo 146 tienen la obligación constitucional de reconocer la
validez del acto, ése es el cimiento de la argumentación del señor
procurador, si hay esta obligación qué sucede, nos lo apuntó el señor
ministro Aguirre Anguiano, se rompe la armonía del sistema federal”,
insistió el presidente del tribunal.
Sin embargo, los ministros José Ramón Cossío Díaz, Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar
Morales, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza apoyaron el proyecto
de Sergio A. Valls Hernández.
Valls mencionó que el artículo 121, en su fracción IV, establece que
los actos del estado civil que se encuentren ajustados a las leyes de
una entidad federativa tendrán validez en las demás, lo que implica que
todo acto, sea el nacimiento, el reconocimiento de los hijos, la
adopción, el matrimonio, el divorcio o la defunción, que se registren
cumpliendo con las formalidades de la ley local, será válido en las
demás entidades federativas.
Ello con independencia de que tales actos no se regulen o no lo
hagan en forma similar, o incluso de manera contraria a la de otra
entidad.
Lelo de Larrea, quien compartió el proyecto, señaló que el caso no
era un tema menor, pues estaban fijando una regla para otros. Dejó
claro que no se pretende obligar que los estados validen los
matrimonios, pero sí que los reconozcan de manera oficial.
El ministro Silva Meza reconoció que aunque existe soberanía en cada
una de las 31 entidades federativas, éstas están obligadas a respetar
lo aprobado en otras entidades, posicionamiento que fue compartido por
Luis María Aguilar, quien dijo que él no le veía complejidad a la
interpretación del artículo 121.
La ministra Sánchez Cordero calificó de infundada la impugnación del
procurador general de la República, pues recordó que las entidades
federativas son libres y soberanas para legislar, y la decisión de
avalar la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del
mismo sexo no obliga a los estados a legislar de la misma manera en el
país.
No obstante, el ministro Aguirre Anguiano expresó que un sistema
federal implica un pacto de coordinación, que incluye autonomía
legislativa, por lo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no
tenía facultades para modificar una legislación en todas las entidades
federativas, y se preguntó si esto afectará el orden público de cada
estado.